“Con los expedientes de regulación de empleo, se están forrando. Los empezó Gisa [la compañía encargada de la obra pública]. Pero en total estamos hablando de 80 empresas públicas”, señaló a El confidencial Xavier Casas, responsable del sector de la Generalitat de la UGT catalana. Este dirigente sindical critica que “se gasta más dinero en asesorías y en bufetes de abogados que en indemnizaciones a los trabajadores. Lo grave es que las empresas ya tienen sus propios gabinetes jurídicos. Pero también tienen los de las consejerías y los centrales de la Generalitat. Y no puede ser que algunos de estos gabinetes tengan un presupuesto de 100.000 euros y sean incapaces de hacer un informe de los recursos de sus respectivas empresas”.
Un informe elaborado por la UGT destaca que “los trabajadores y trabajadoras de estas empresas tienen contratos laborales, sujetos a condiciones equiparables a cualquier trabajador de una empresa privada. Los directivos, en cambio, son personas de confianza política, no siempre cualificados para el trabajo que realizan y que no se someten ni a la exigencia de la empresa privada ni a todos los controles propios de la administración pública. Así, pueden gastar miles de euros para asesorarse legalmente con bufetes particulares sobre cómo despedir a buena parte de su plantilla. Todo esto, a cargo del erario público y sin rendir cuentas”.
La UGT alerta especialmente contra la privatización encubierta de los servicios públicos. “Las decisiones sobre los despidos no se fundamentan en una evaluación sobre el funcionamiento y la calidad del servicio ofertado por la entidad. Responden a un elemento de oportunidad, son trabajadores más fáciles y más baratos de despedir, y a un interés partidista: reducir el sector público para facilitar la entrada de la empresa privada en la gestión de servicios de interés general”. Y subraya que “no se escuchan los criterios técnicos ni se dispone de un modelo alternativo que garantice la máxima eficiencia”. El Confidencial intentó, sin éxito, que la Generalitat comentase o matizase las acusaciones ugetistas.
El sindicato también critica que las cúpulas directivas “responsables de la situación actual” se trasladan a otros organismos. “Recordemos las palabras del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder: ‘Si la ACA [Agencia Catalana del Agua] fuese una empresa privada, se tendrán que pedir responsabilidades a sus gestores’. Curiosa manera de pedir responsabilidades, ya que de los tres gerentes del ACA, uno es el actual presidente de Gisa, otro es el secretario general de Justicia y el último, director de servicios de Justicia (actualmente cesado)”, dice el texto.
Los despachos beneficiados
Pero no se queda ahí la cosa. El sindicato denuncia algunos de los bufetes que han presentado abultadas minutas para asesorar sobre los expedientes de regulación. Entre ellos, cabe destacar la firma Vilardell Assessors. Esta compañía cobró 50.000 euros para despedir a 45 personas de Gisa y 33.750 euros para otro expediente que afecta a 35 personas en la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).
Vilardell es una compañía controlada por Albert Vilardell, ex presidente de la Cámara de Comercio de Terrassa (su hija, que también figura como apoderada de la empresa, es la actual tesorera de la Cámara) y ex miembro del consejo de administración de Caixa Terrassa.
Otra de las empresas es Gestaudit, firma propiedad de Carlos Viñuales, un administrador y auditor concursal de Barcelona, que cobró 26.000 euros por un estudio económico y de relaciones laborales para aportar al expediente de Gisa.
La Agencia Catalana del Agua, sin embargo, contrató directamente a la firma Deloitte, sin pasar por concurso público, a la que pagó 42.000 euros para auditar esta entidad. Deloitte es la compañía que se hizo con las auditorías que Mas encargó del Gobierno Tripartito poco antes de contratar al gurú del presidente catalán, David Madí, como director en el área de consultoría estratégica.
En la actualidad, el Instituto Catalán del Suelo (Incasol) ha abierto también un concurso de 130.000 euros más IVA para el “asesoramiento jurídico-laboral con motivo de la reestructuración organizativa que se ha de llevar a cabo”. En otras palabras, para elaborar los criterios del expediente de regulación de empleo. Curiosamente, los criterios técnicos conformarán el 80% de la adjudicación, mientras que los económicos representarán sólo el 20% de la misma.
